IV CURSO DE DERECHO TRIBUTARIO INTERNACIONAL

Tue, 21 Sep 2010 09:43:31 -0400

Los días 13, 14 y 15 de octubre próximo, en la ciudad de Bogotá, se llevará a cabo el IV Curso de Derecho Tributario Internacional: dirigido a todos los profesionales que se dediquen a los negocios internacionales independientemente de su profesión, abogados tributaristas, funcionarios públicos, contadores, asesores de negocios, estudiantes de posgrado de estas materias y estudiantes de pregrado interesados en profundizar sus conocimientos sobre derecho tributario internacional.

El principal objetivo de este curso es: Proporcionar conocimientos sobre derecho tributario internacional, en especial sobre algunas de las instituciones de derecho tributario internacional que son propias del entorno global y que están encaminadas a la protección de los intereses de los particulares y del Estado, así como a la interacción entre estos últimos. El curso tendrá por su parte, un fuerte enfoque en derecho comparado, de manera que los asistentes puedan aprehender las experiencias de otros países sobre temas comunes a las distintas legislaciones y las perspectivas de regulación.

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¿Rige en Colombia el IVA comunitario? Análisis de una discusión doctrinal inconclusa.

Wed, 09 Nov 2011 19:00:17 -0500

Por

Juan Esteban Sanín Gómez[1]

jesanin@isanin.com

1. Aspectos introductorios a la discusión.

Mediante la Decisión 599 de julio de 2004, la Comisión de la Comunidad Andina (CAN) decidió regular los aspectos sustanciales y los procedimientos de los impuestos tipo valor agregado que deben armonizarse en los regímenes tributarios de los Países Miembros, a los efectos de facilitar el cumplimiento de los objetivos y compromisos de la Comunidad Andina[2] (Subrayado fuera de texto). En dicha Decisión se regularon asuntos sustanciales del tributo (hecho generador, base gravable y tarifa o tasa) al igual que aspectos procedimentales del mismo (declaración del impuesto, mecanismos de devolución y compensación de saldos a favor, facturación, entre otras).

En su artículo 40 (Vigencia) se estableció que la presente Decisión será incorporada al derecho interno de cada País Miembro cuando así lo prevea su norma constitucional y entrará en vigencia el primer día calendario del mes inmediato siguiente a la fecha del último depósito del instrumento correspondiente en la Secretaría General de la Comunidad Andina. Posteriormente, mediante Decisión 635 de 2007, la Comisión de la Comunidad Andina considerando que las Decisiones 599 () tienen por finalidad armonizar algunos aspectos en materia de impuestos tipo valor agregado () Para alcanzar dicho objetivo es necesario que los Países Miembros dispongan de plazos razonables para adoptar las medidas legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para la aplicación de las normas contenidas en las referidas Decisiones, decidió dejar sin efecto el artículo 40 antes mencionado.

2. Aspectos normativos relevantes.

El artículo 338, aunado al artículo 150 numerales 11 y 12 de la Constitución Política (C.P.), establece la reserva legal del Congreso de la República para la creación de tributos del orden nacional. Estos artículos propenden por hacer efectivo el principio democrático de no taxation without representation el cual fue heredado del constitucionalismo norteamericano por parte de nuestro sistema constitucional.

Así mismo, el mencionado artículo 150 de la C.P., en su artículo 16, faculta al Congreso de la República para efectos de que apruebe o impruebe los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados, pudiendo así mismo transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, siempre que estos tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados[3].

En virtud de esta atribución el Congreso de la República, al aprobar el Acuerdo de Cartagena, aprobó transferir parcialmente su competencia a la Comisión de la Comunidad Andina para efectos de que este órgano adoptara las medidas necesarias para el logro de la integración comunitaria efectiva.

La Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia del día 27 de febrero de 1973, sobre la Ley 8 de 1973, por la cual se aprobó el Acuerdo Subregional Andino suscrito en 1969 estableció, en relación con las reglas expedidas por la entidad andina que rigen la conducta de los países comprometidos y sus habitantes en asuntos fundamentales de la actividad económica que tales reglas () rigen de manera directa sin necesidad de someterse a procedimientos previos de admisión en cada uno de los Estados que componen el área territorial del pacto; sólo cuando éste lo establece o la naturaleza de las materias lo exige, requieren el desarrollo de trámites nacionales.

No obstante lo anterior, el Protocolo modificatorio del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, suscrito en Cochabamba, Bolivia, el 28 de mayo de 1996, aprobado por Colombia en virtud de la Ley 457 de 1998 y revisado por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-227 de 1999, señala en su artículo 3 que: Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

Así pues, por voluntad de los mismos países contratantes, las Decisiones proferidas por la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, independientemente de la materia de que se traten, serían obligatorias de forma inmediata, salvo que la misma Decisión estipulare un término de vigencia diferente.

En relación con la aplicación preferente del derecho internacional frente al derecho nacional, Colombia ha adoptado la tesis del monismo moderado[4], según la cual las reglas de los convenios o las decisiones comunitarias derivadas prevalecen sobre el derecho interno para los asuntos allí regulados, de manera que se evita la violación de un acuerdo por contradicción con normas de derecho interno (treaty override)[5].

En Sentencia C-137 de 1996, la Corte Constitucional reconoció la transposición y prevalencia del derecho comunitario derivado sobre el derecho nacional, manifestando que ello operaba sin necesidad de una norma o trámite interno que incorporará directamente la regulación supranacional a la nacional. Ello lo hizo en los siguientes términos:

Como es sabido, el concepto de supranacionalidad - dentro del que se inscribe el Acuerdo de Cartagena - implica que los países miembros de una organización de esta índole se desprendan de determinadas atribuciones que, a través de un tratado internacional, son asumidas por el organismo supranacional que adquiere la competencia de regular de manera uniforme para todos los países miembros sobre las precisas materias que le han sido transferidas, con miras a lograr procesos de integración económica de carácter subregional. Las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos de los países miembros del tratado de integración, que no se derivan del común de las normas de derecho internacional. Por una parte, esta legislación tiene un efecto directo sobre los derechos nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente a sus jueces nacionales la aplicación de la norma supranacional cuando ésta regule algún asunto sometido a su conocimiento. En segundo lugar, la legislación expedida por el organismo supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia y, por lo tanto, en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza (que no deroga) - dentro del efecto conocido como preemption - a la norma nacional.

3. Posiciones doctrinales sobre la aplicación del derecho tributario derivado.

Existe una parte de la doctrina que considera que, por el principio de supremacía del derecho comunitario frente al nacional, las decisiones de la CAN tienen efecto directo y aplicación directa sin necesidad de transposición normativa alguna. Se basa esta línea doctrinal, en gran medida, en lo establecido en el artículo 3 del Tratado Constitutivo del Tribunal Andino de Justicia, acogido por Colombia mediante la ley 457 de 1998. Quienes acogen esta interpretación, entienden que, por ejemplo, la Decisión 578 de 2004 (Régimen andino para evitar la doble imposición y evitar la evasión fiscal) si bien modifica uno de los elementos esenciales del impuesto a la renta colombiano (cuál es el sujeto activo) al establecer en su artículo 3 que han de considerar como exoneradas, para la determinación de tal impuesto a la renta, las que tengan su fuente en otro País miembro, es de aplicación inmediata sin que requiera transposición normativa alguna.

Otra parte de la doctrina exige que todas las normas comunitarias de carácter tributario, por tener reserva de ley, han de ser objeto de transposición normativa para efectos de a ser aplicables en los Países Miembros.

Existe también una línea doctrinal ecléctica, compuesta por importantes doctrinantes[6] dentro de la cual se encuentra el Dr. Mauricio Plazas Vega, que considera que las normas que modifiquen los elementos esenciales del impuesto deben ser objeto de transposición legal, más no las que regulen asuntos diferentes a estos[7].

4. Planteamiento del problema que da origen a la discusión.

Radica entonces la discusión en sí, dadas las anteriores circunstancias, la Decisión 599 de 2004 está vigente y es aplicable en Colombia y cuales son exactamente las consecuencias de ello.

Una parte de doctrina (la que propugna por la aplicación inmediata de la norma supranacional) argumenta que la Derogatoria del artículo 40 de la Decisión 599 de 2004, por parte de la Decisión 635 de 2007, implica la entrada en vigencia inmediata de las estipulaciones contenidas en tal Decisión. Ello por cuanto estas le son contrarias a las estipuladas en el ordenamiento tributario interno. Se basa este sector de la doctrina en que siendo la aplicabilidad inmediata la norma general, y no estando ya la misma sujeta a ningún tipo de condicionantes, ha de entrar a regir (sin que ello implique derogatoria) de forma preferente a las disposiciones que le sean contrarias. Ello aplicaría, obviamente, solo para las disposiciones imperativas y de cumplimiento inmediato y no, como es lógico, para las disposiciones que establecen deben ser objeto de adaptación o armonización por parte de los países miembros. Así pues, de acogerse esta posición ello implicaría que, entre otras cosas, la venta de bienes de cualquier naturaleza (no sólo los corporales muebles) estuvieran gravados con IVA[8] y que no generaría IVA el aporte en especie de inventarios[9].

Otra parte de la doctrina (la que propugna por la trasposición necesaria de las normas de contenido fiscal) argumenta que Decisiones como la 578, 599, 600 y 635 son abiertamente inconstitucionales por violación al principio de reserva de ley y por ende no rigen ni son aplicables en Colombia. El exponente más reconocido de esta línea de pensamiento es el Dr. Humberto Longas Londoño, quien en demanda ante la Corte Constitucional, solicitó la inexequibilidad de las Decisiones 578, 599, 600 y 635 alegando que con las mismas se estaban violentando los artículos 1, 3, 4, 93, 94, 95 numeral 9, 150 numerales 11, 12 y 16, 241 numeral 10 y 338, y el Preámbulo de la Carta Política. Su demanda fue rechazada mediante Auto del 2 de febrero de 2007, confirmado por Sala Plena mediante Auto 056 del 28 de febrero de 2007 bajo la premisa de que las Decisiones de la Comunidad Andina de Naciones no son por regla general objeto de control por parte de la Jurisdicción Constitucional, pues para el efecto el derecho comunitario consagra acciones mediante las cuales el Tribunal de Justicia del Acuerdo puede controlar su legalidad.

La tercera parte de la doctrina (la que propugna por una posición ecléctica sobre la necesidad de trasponer normativamente sólo las Decisiones que versen sobre los elementos sustanciales del tributo, mas no sobre los asuntos procedimentales) argumenta que si bien se derogó el artículo 40 de la Decisión 599 de 2004, ello implica única y exclusivamente que se modifica el término de conteo de los plazos que establece la misma norma. Es decir, si bien antes la decisión había de ser incorporada en los regímenes internos de cada país miembros y desde allí[10] comenzaría a darse el cómputo de los plazos de armonización de cada uno de los ítems[11] establecidos en la Decisión 599 de 2004,por la derogatoria antes mencionado, este plazo habría empezado a contarse desde el año 2004, razón por la cual, entre otras, habría incurrido Colombia en un incumplimiento sancionable por no haber armonizado ciertas disposiciones a través de una reforma tributaria. No obstante ello considera este segmento de la doctrina que ciertas estipulaciones normativas adicionales a los elementos del impuesto (aquellas que no son de potestativo cumplimiento) habrían, con base a la derogatoria mencionada, entrado ya a regir. Dentro de estos se encontrarían rigiendo, entre otras, disposiciones tales como la que indica que el período fiscal del impuesto no podrá ser superior a dos (2) meses[12], la que establece como determinar el impuesto por pagar[13] y la que establece en qué circunstancias se puede o no otorgar un crédito fiscal en la adquisición de bienes y servicios[14]. Otra vertiente de esta misma línea doctrinal, compuesta por muy reconocidos doctrinantes, no considera siquiera que estos elementos no esenciales del tributo y los cuales no están sujetos a armonización alguna hayan entrado a regir en Colombia, por cuanto creen que la obligación de realizar una trasposición en materia de tributación indirecta no sólo versa sobre aquellos ítems que puedan afectar los elementos esenciales del impuesto sino también sobre temas aledaños al impuesto o en general a la tributación indirecta.

5. Posición del autor sobre la discusión doctrinal.

En opinión del autor, le asiste razón a quienes propugnan por la aplicación inmediata de la norma supranacional. En tal sentido considera que, en virtud de la derogatoria del artículo 40 de la Decisión 599 de 2004, entraron a aplicarse de forma inmediata y preferente todas las disposiciones imperativas que, en materia sustancial y procedimental, le eran contrarias al régimen del IVA en Colombia y que, por supuesto, no pertenecieran a las consideraciones que debían ser armonizadas en un lapso de tiempo. Es decir, considera ha de tener la Decisión 599 de 2004 exactamente el mismo tratamiento tributario en Colombia que tuvo la Decisión 578 de 2004, por cuanto se dan los mismos supuestos para que el trato sea igual y no existen consideraciones de hecho o de derechos que impliquen la justificación de un trato diferencial, independientemente de que se trate de normas supranacionales de tributación directa o indirecta.

[1] Abogado. Ignacio Sanín Bernal y Cia. Abogados

[2] CAN, Decisión 599 de 2004, Art. 1.

[3][3] Constitución Política de Colombia, Art. 150 numeral 16 Corresponde al Congreso: ()Aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de dichos tratados podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.

[4] Esta posición fue asumida, entre otras, en la Sentencia C-383 de 2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

[5] Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-460 de 2010 M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.

[6] PLAZAS VEGA, Mauricio. Temas de Derecho Tributario Contemporáneo. Universidad del Rosario. 2006. P. 133.

[7] Op. Cit. PLAZAS VEGA Entre esas dos posiciones cabe mencionar una intermedia, de la cual participa el autor a la luz de la cual se requiere la transposición al derecho nacional de las normas relacionadas con los elementos del impuesto (hecho generador, incluidas exenciones, sujetos, base gravable y alícuota o tarifa), pero no cuando se refieran a asuntos diferentes (por ejemplo, procedimiento tributario, obligaciones instrumentales o formales como facturar o declarar, devolución o compensación de saldos a favor, etc.).

[8] CAN, Decisión 599 de 2004, art. 5 Bienes y servicios sujetos a imposición. Los impuestos tipo valor agregado se generan en la venta o transferencia de bienes, la prestación o utilización de servicios en el territorio nacional, acorde con el artículo 12 de esta Decisión, y la importación de bienes corporales muebles.

[9] CAN Decisión 599 de 2004, Art. 7 Los impuestos tipo valor agregado no se generarán: () d) Aportes de bienes a sociedades en constitución por parte de personas no sujetas al impuesto;

[10] Desde el primer día calendario del mes inmediato siguiente a la fecha del último depósito del instrumento correspondiente en la Secretaría General de la Comunidad Andina.

[11] Nótese que la Decisión 599 de 2004 establece una serie de plazos que se le otorgan a los Países Miembros para que apliquen, adecúen y armonicen sus regímenes internos de acuerdo con lo establecido en la Decisión. Así pues establece un término de diez (10) años para la armonización del IVA en materia de prestación de servicios, un término de hasta seis (6) años para el desmonte del gravamen de IVA a las exportaciones de servicios, un término para la adecuación de quienes tengan tarifas o tasas de IVA superiores a 19%, un término de hasta seis (6) años a quienes no otorgan un derecho a un crédito fiscal por la compra o adquisición de activos fijos para que adecúen sus regímenes, entre otros.

[12] Decisión 599 de 2004, art. 31.

[13] Decisión 599 de 2004, art. 26

[14] Decisión 599 de 2004, art. 27

I CONGRESO DE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL Y POLÍTICA FISCAL. MEDELLIN, 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2011

Mon, 05 Sep 2011 15:03:25 -0400

AMIGOS DE NOTA TRIBUTARIA, CORDIAL SALUDO

LES EXTENDEMOS UNA CORDIAL INVITACIÓN A ASISTIR AL PRIMER CONGRESO DE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL Y POLÍTICA FISCAL "LA INGENIERIA FISCAL AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS Y EN PROCURA DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL PAÍS", ORGANIZADO CONJUNTAMENTE POR LAS UNIVERSIDADES EAFIT Y DE MEDELLÍN, QUE SE LLEVARÁ ACABO EN LA CIUDAD DE LA ETERNA PRIMAVERA, LOS DÍAS 19 AL 21 DE OCTUBRE PRÓXIMOS, ASÍ:

I CONGRESO DE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL Y POLITICA FISCAL

La ingeniería fiscal al servicio de los empresarios y en procura del desarrollo económico y social del país

Medellín, Octubre 19 al 21 de 2011. 20 horas académicas.

Presentación:

El I Congreso Internacional de Tributación y Política Fiscal ha sido concebido como el escenario propicio, creado por parte de dos importantes instituciones de educación superior a saber: Universidad EAFIT y la Universidad de Medellín, con el propósito de servir de espacio de reflexión y discusión académica, donde expertos e interesados en las temáticas tributarias y de política fiscal, disertarán, deliberarán y discutirán alrededor de los diferentes sistemas tributarios y fiscales internacionales. Es por ello que este importante evento contará con la presencia de expertos de seis países que se reunirán en Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones del 19 al 21 de Octubre de 2011, quienes representan a los siguientes países: Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Colombia y Perú.

Investigadores, docentes universitarios, asesores empresariales, ejecutivos de primera línea de las organizaciones empresariales, profesionales del sector y representantes gubernamentales son los invitados a participar en el congreso, cuya finalidad es analizar el papel que la tributación internacional y la política fiscal pueden desempeñar en un modelo de desarrollo económico, como el que tiene Colombia actualmente, de cara a los diferentes tratados internacionales vigentes y en proceso de firma.

Para ello se han programado dos ejes temáticos principales, la tributación internacional y la política fiscal, los cuales tendrán su sustento teórico e investigativo en las siguientes temáticas: Convenios internacionales y derecho interno, Tributación de las rentas de las personas naturales en Europa y en América: Referencia de dos países, Establecimiento permanente, Pagos desde y hacia el exterior, Convenios de doble Imposición en la región Latinoamericana, Precios de transferencia, Elusión y evasión fiscal, Protección de inversiones y tributación, Fiscalidad internacional de intangibles, Regulación del comercio electrónico en el mundo, Normas Internacionales de Contabilidad y Aseguramiento de la Información: NIC 12 (Impuesto sobre las Ganancias).

Objetivos: Presentar a la comunidad empresarial y académica el desarrollo de la tributación internacional, logrando armonizar las normas internas con el contexto internacional y así materializar una mirada global de los impuestos.

Institucionalizar en el contexto colombiano la cultura de los congresos de índole académico-investigativos, en las áreas de los tributos y de la política fiscal, y, de este modo, consolidar los congresos internacionales, de manera que se conviertan en el escenario por excelencia para los empresarios e investigadores colombianos.

Dirigido a: Contadores públicos, abogados, economistas, administradores, negociadores internacionales y a todas aquellas personas interesadas en los temas inherentes a la tributación internacional y a la política fiscal.

Metodología: Exposiciones magistrales de una hora y treinta minutos, con intervención moderada de los participantes máximo de 20 minutos en cada conferencia (Sesión de preguntas).

Contenido Temático

Convenios Internacionales y derecho Interno

Tributación de las rentas de las personas naturales en Europa y en América: Referencia de dos países

Pagos desde y hacia el exterior

Convenios de doble Imposición en la región latinoamericana

Establecimiento permanente

Elusión y evasión fiscal

Protección de inversiones y tributación

Fiscalidad internacional de intangibles

Regulación del comercio electrónico en el mundo

Normas Internacionales de Contabilidad y Aseguramiento de la Información: NIC 12 (Impuesto sobre las ganancias)

MAS INFORMACIÓN

CURSO EXPERTO EN FISCALIDAD INTERNACIONAL

Thu, 03 Mar 2011 08:03:43 -0500

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

D e p a r t a m e n t o de D e r e c h o P ú b l i c o E s p e c i a l

C U R S O S D E P O S G R A D O

CURSO DE EXPERTO EN FISCALIDAD INTERNACIONAL

Santiago de Compostela

España

Del 11 al 22 de julio de 2011

D i r e c t o r

Profesor Dr. CÉSAR GARCÍA NOVOA

C A T E D R Á T I C O D E D E R E C H O

F I N A N C I E R O Y T R I B U T A R I O

Destinatarios: Titulados superiores o profesionales relacionados con la materia tributaria.

Lugar: Facultad de Derecho. Avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n. Campus Sur.

Horario: De Lunes a Viernes, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.

Duración: 100 horas (10 créditos).

Matrícula: del 1 de octubre de 2010 hasta el 30 de junio de 2011.

Sistema de selección: Currículo académico, experiencia profesional y, en su caso, entrevista personal.

Derechos de inscripción: 1200 .

Título: Título de experto, propio de la Universidad de Santiago de Compostela[1].

Profesorado: Profesores universitarios doctores, profesionales y funcionarios relacionados con la materia tributaria.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS

Soraya Rodríguez Losada

Teléfono (España): (0 0 3 4 ) 8 8 1 8 1 4 7 6 8

Fax: (0 0 3 4 ) 9 8 1 5 9 1 5 5 4

Correo electrónico:

soraya.losada@usc.es

PROGRAMA

11 al 22 de julio de 2011

11 de julio: Recepción de participantes. Entrega de material bibliográfico. Introducción al Derecho Comunitario. El Derecho comunitario como Derecho Supranacional. Elusión y evasión internacional. Los paraísos fiscales.

12 de julio: Libertades Comunitarias y Derecho Tributario. Ayudas de Estado.

13 de julio: El IVA en la Unión Europea. Doble Imposición Internacional y medios para evitarla.

14 de julio: Rentas de actividades empresariales.Establecimiento Permanente. El concepto de residencia en los Convenios para evitar la Doble Imposición y Derecho Comunitario.

15 de julio: Modelos de Convenios para Evitar la Doble Imposición. Procedimiento Amistoso y Arbitraje.

18 de julio: Armonización Fiscal Directa e Indirecta. Precios de Transferencia.

19 de julio: Tributación de las Rentas de Actividades Personales. Transparencia Fiscal y Subcapitalización.

20 de julio: Cánones e intereses. Régimen de las Entidades de Tenencia de Valores.

21 de julio: Dividendos. Comercio Electrónico.

22 de julio: Intercambio de Información. Conferencia de Clausura.

PROFESORES QUE HAN PARTICIPADO

EN EDICIONES ANTERIORES

CÉSAR GARCÍA NOVOA. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela. Abogado.

JACQUES MALHERBE. Profesor de la Universidad de Lovaina, Bélgica. Abogado.

PHILIPPE MARCHESSOU. Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Robert-Schuman de Estrasburgo.

ABELARDO DELGADO PACHECO. Socio del despacho profesional GARRIGUES.

HELENO TAVEIRA TORRES. Profesor de Direito Tributário. Universidad de São Paulo y Pontificia Universidad Católica de São Paulo.

ALEJANDRO ALTAMIRANO. Profesor de Derecho Tributario de la Universidad Austral de Argentina. Abogado.

CATALINA HOYOS JIMÉNEZ. Profesora de Derecho Tributario de la Universidad del Rosario (Bogotá). Abogado.

JUAN PABLO GODOY. Profesor de Derecho Tributario de la Universidad del Rosario (Bogotá). Abogado.

JOSÉ MANUEL CALDERÓN CARRERO. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de La Coruña.

LUIS MANUEL ALONSO GONZÁLEZ. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona.

ALFREDO GARCÍA PRATS. Profesor Titular de la Universidad de Valencia.

IGNACIO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ. Inspector de Hacienda en excedencia. Jefe de la Asesoría Fiscal del grupo Inditex-Zara.

NÉSTOR CARMONA FERNÁNDEZ. Inspector de Hacienda del Estado. Subdirección General de Tributación de no residentes. Ministerio de Hacienda.

Mª BEGOÑA VILLAVERDE GÓMEZ. Profesora Contratada Doctora de Derecho Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela.

Mª ISABEL LIROLA DELGADO. Profesora Titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Santiago de Compostela.

MARTA VILLAR EZCURRA. Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad San Pablo-CEU. Madrid.

ÁNGELES GARCÍA FRÍAS. Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca. Letrada del Tribunal Constitucional.

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ PICAZO. Abogado del despacho FJ-Martín.

JESÚS RODRÍGUEZ MÁRQUEZ. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Vigo. Vocal asesor del Instituto de Estudios Fiscales.

MANUEL LUCAS DURÁN. Profesor Titular de Derecho Financiero y

Tributario de la Universidad de Alcalá de Henares.

PABLO CHICO DE LA CÁMARA. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

PEDRO HERRERA MOLINA. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid.

ALEJANDRO BLÁZQUEZ LIDOY. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

ADOLFO MARTÍN JIMÉNEZ. Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Cádiz

ALEJANDRO GARCÍA HEREDIA. Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Cádiz.

JAIME SANMARTÍN FERNÁNDEZ. Inspector de Hacienda. Oficina Nacional de Inspección. Delegación de A Coruña.

FRANCISCO DE SOUSA DA CÁMARA. Profesor de Derecho Tributario de la Universidad de Lisboa. Abogado.

CARLOS DE PABLO VARONA. Profesor Titular de Derecho Financiero de la Universidad de Cantabria.

GEMMA PATÓN GARCÍA. Profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Castilla-La Mancha.

ENNIO LA SCALA. Profesor de la Universidad de Palermo (Italia).

ALBERTO LÓPEZ GÓMEZ. Abogado.

[1] Para la expedición del título es necesario satisfacer los derechos de expedición en la universidad de gestión académica.

ENDEUDAMIENTO EXTERNO SOMETIDO A IMPUESTO DE RENTA. Por Jesús Orlando Corredor Alejo.

Mon, 29 Nov 2010 23:36:43 -0500

Conforme a nuestro ordenamiento tributario, las sociedades y demás entidades extranjeras no domiciliadas ni residentes en Colombia son contribuyentes en el país únicamente en relación con sus rentas de fuente nacional. Se conoce como fuente de renta el lugar donde un sujeto desarrolla su actividad, es decir, donde explota sus bienes o presta sus servicios, como ocurre, por ejemplo, con los ingresos por arrendamiento de bienes inmuebles ubicados en el país, las rentas de trabajo cuando la labor se desarrolla en Colombia, los intereses sobre créditos obtenidos en el exterior. Quiere decir lo anterior que si un sujeto extranjero obtiene una renta de fuente nacional colombiana, dicha renta se somete a retención en la fuente en el país.

No obstante lo anterior, el mismo estatuto establece algunas excepciones en relación con operaciones que aunque pudieran generar renta de fuente dentro del país, se las excluye del impuesto, buscando privilegiar fines de hacienda, extrafiscales o de otra índole, como viene ocurriendo con los créditos a corto plazo (24 meses) originados en importación de mercancías, lo mismo que los créditos por financiación o prefinanciación de exportaciones.

Ahora bien, el artículo 25 del ET señala dos excepciones que dependen de las políticas señaladas por el CONPES. En efecto, los créditos obtenidos en el exterior por empresas ubicadas en Colombia cuyas actividades se consideren de interés para el desarrollo económico y social del país, de acuerdo con las políticas adoptadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, así como las rentas por contratos de leasing internacional celebrados por empresas nacionales para financiar maquinaria y equipo vinculados a procesos de exportación, o a actividades que se consideren de interés para el desarrollo económico y social del país, de acuerdo con las políticas adoptadas por dicho organismo, no generan renta de fuente nacional y, por tanto, no están sometidas a descuento de retención en la fuente por impuesto de renta en Colombia. Precisamente, el documento CONPES 2885 de 1996 había recomendado incluir como actividades de interés para el desarrollo económico y social, las pertenecientes al sector primario, manufacturero y de prestación de servicios, incluyendo en el sector de servicios actividades tales como el transporte, la ingeniería, hotelería, salud, turismo, comercio y construcción de vivienda. Esa inclusión fue adoptada por el Gobierno mediante el decreto 2105 de 1996.

Pues bien, con el fin de controlar el ingreso de divisas al país y limitar la revaluación que agobia la economía, y sobre la base de considerar que el sector financiero nacional es un sector fortalecido y suficientemente capaz de suplir los recursos necesarios para atender el endeudamiento de las actividades nacionales, el CONPES ha emitido el documento 3687 de noviembre 5 de 2010 por medio del cual recomienda actualizar la medida, proponiendo No considerar ninguna actividad como de interés para el desarrollo económico y social del país, para efectos exclusivos de la aplicación del beneficio consagrado en el Numeral 5º del Literal a), y en el Literal c) del Artículo 25 del Estatuto Tributario. Solicita, en consecuencia, la derogatoria del decreto 2105 de 1996.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Es perfectamente entendible la medida, además de muy inteligente. Actualmente es más barato endeudarse con el exterior que con el sistema financiero nacional. Es muy buen negocio, traer divisas a tasas de interés muy bajas, y colocarlas en el país con tasas muy atractivas. Parte de esa situación encuentra nicho en la misma ley tributaria que exonera de impuesto a la renta a los acreedores del exterior que coloquen en el país préstamos para actividades que se consideren de interés para nuestro desarrollo social y económico. Sin embargo, esa masiva entrada de dólares al país hace que por simple ley de oferta y demanda, el tipo de cambio tenga una tendencia natural a la baja, lo que, a la larga, ha venido generando profundas dificultades al sector exportador principalmente.

En consecuencia, es lógica la medida de considerar que ninguna actividad sea de interés para el desarrollo social y económico nacional. Al ser así, automáticamente se frena la entrada de divisas al país, como quiera que el reconocimiento de intereses sobre los créditos quedará sujeto a una tarifa de descuento de retención del 33%, siendo esta, pues, una medida disuasiva a la búsqueda de endeudamiento externo.

No obstante, vemos algunos puntos que deben ser valorados y/o aclarados, antes de llegar a la recomendación del CONPES.

En primer lugar, el leasing internacional: en realidad, el leasing no genera ingreso sino salida de divisas; por tanto, no se observa, en este caso, una conexión de causa efecto con la medida. Al descalificar la operación de leasing internacional los cánones de arrendamiento financiero quedarán sometidos a retención en la fuente del 14%, dejando en situación de desventaja dicho contrato frente al endeudamiento de corto plazo que mantiene el beneficio en el caso de importación de bienes como quiera que el endeudamiento de hasta 24 meses para la importación de mercancías, no genera renta de fuente nacional y no se somete a retención en la fuente. Sin embargo, el artículo 25 del ET divide el contrato de leasing internacional en dos: el que se asocia con inversión en maquinaria y equipo vinculada a procesos de exportación, y el vinculado con actividades de interés para el desarrollo nacional. Significa que los contratos de leasing asociados con procesos de exportación mantienen la prerrogativa de no generar renta de fuente dentro del país.

En segundo lugar, la calificación patrimonial que contiene el artículo 266 del ET. El nuevo documento CONPES dice que recomienda no calificar ninguna actividad como de interés, para los efectos exclusivos de la aplicación del artículo 25 del ET. Sin embargo, el artículo 266 del ET dispone, a efectos patrimoniales, que no se entienden poseídos en el país los créditos obtenidos en el exterior por empresas cuyas actividades se consideren de interés para el desarrollo social y económico del país, de acuerdo con las políticas adoptadas por el CONPES. Al no haber actividades de interés para el desarrollo económico y social, quiere decir que los citados créditos se considerarán poseídos en Colombia y ya no en el exterior. No obstante, a la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado, dicho patrimonio localizado en el país no implica obligación de declarar renta por el solo hecho de su posesión en Colombia.

En tercer lugar, la vigencia de la inminente derogatoria. Una cosa es pretender frenar el endeudamiento mediante nuevas operaciones que se ocurran en el futuro, y otra la situación en que están los créditos obtenidos con anterioridad a la medida. En efecto, creemos que el Gobierno habrá de aclarar la aplicación en el tiempo de la derogatoria, con el fin de evitar que los intereses sobre créditos actuales se vayan a someter a tributación futura. Seríamos de la opinión que los pagos de intereses y cánones de leasing derivados de contratos suscritos con anterioridad a la derogatoria del decreto, deberían seguir siendo calificados como no generadores de renta de fuente en Colombia y mantenerse sin retención en la fuente hasta la terminación del respectivo contrato. No hacer dicha aclaración, implicará que todos los pagos se someterán a impuesto, así provengan de contratos celebrados con anterioridad.

En cuarto lugar, la situación de quienes tienen suscrito contrato de estabilidad jurídica, ya que de haberse estabilizado el artículo 25 del ET y el decreto 2105 de 1996 que ahora se deroga, el cambio propuesto por el CONPES no les afectará.

Y, finalmente, en quinto lugar, el manejo del endeudamiento en relación con la aplicación de los convenios de doble imposición, asunto que será desarrollado en el próximo documento.

NOVEDAD BIBLIOGRÁFICA

Tue, 28 Sep 2010 20:31:42 -0400

EL IMPUESTO DIFERIDO DE RENTA

Fundamentación Teórica y Casos Prácticos.

Octubre de 2010

Corredor Alejo, Jesús Orlando.

Uno de los tantos temas que habremos de abordar dentro del proceso de convergencia hacia estándares internacionales, es el estudio de los impuestos diferidos; a ese fin, la norma internacional de contabilidad número 12 orienta y define los correspondientes conceptos que inciden en dicho reconocimiento. Por ello, en el obligado paso de las actuales prácticas hacia las reconocidas internacionalmente, habremos de desarrollar los diferentes conceptos que se incluyen en tema y la manera de contabilización de los impuestos diferidos, tales como diferencias temporales y temporarias, base fiscal, activo y pasivo por impuestos. Y en ese entorno, necesaria será la búsqueda de la interacción de las normas contables y las tributarias, con el fin de diferenciar aspectos definitivos tales como base fiscal versus valor patrimonial.

Como parte de este proceso, el libro explica, de manera didáctica y sencilla, valiéndose de la metodología de los ejemplos, los diversos elementos que permitan entender y poner en práctica este importante tema técnico. Se trata de buscar los fundamentos que permitan al lector entender la mecánica del tema, siendo el primer paso a dar, como una forma de hacer más accesibles los conocimientos relativos al tema, que orienten en la ejecución práctica y teórica del mismo.

Y en relación con tan importante tema, en los diez capítulos del libro se desarrollan algunos otros temas conexos, hasta ahora no recogidos en documento alguno, en especial, la deducción por activos reales productivos como una diferencia temporal, los impuestos diferidos y la doble tributación, el IVA en la compra de maquinaria pesada como base de reconocimiento de activos y pasivos por impuestos, y la obligada referencia al reconocimiento de impuestos diferidos por pérdidas fiscales y excesos de presuntiva, lo mismo que la doble tributación y los impuestos diferidos.

En resumen, es un sencillo pero excelente documento que orientará en el entendimiento y aplicación del impuesto diferido de renta en Colombia y en el entorno internacional. EL AUTOR

Mayores informes al teléfono 5339999 en Bogotá.

Valor: $40.000.

Gastos de envío fuera de Bogotá $4.000.

Reforma Tributaria Distrito Capital 2010 - Proyecto de Acuerdo

Tue, 07 Sep 2010 07:57:28 -0400

Por el cual se establecen medidas de modernización y simplificación del Sistema Tributario del Distrito Capital

EXPOSICION DE MOTIVOS

BOGOTÁ, MODELO DE GESTIÓN TRIBUTARIO SIMPLE, EQUITATIVO, RESPETUOSO, TRASPARENTE Y PROGRESIVO.

Nota: Consulte el texto del articulado del proyecto de acuerdo en:http://www.notatributaria.com/tesauro.php?idcat1=1&idcat2=17&idcat3=26

Introducción

En 2008 la Actual Administración recibió una Secretaria de Hacienda que administraba más de 2 millones de contribuyentes, un recaudo de 3.8 billones de pesos anuales, un cumplimiento oportuno cercano al 86%, niveles medios de evasión en los principales impuestos, una gestión tributaria basada en impuestos y procesos masivos pero sin control automatizado. Pero así mismo, se encontró con una organización inmersa en un importante proceso de transformación, cuyo inicio se remonta a los años noventas con el fortalecimiento de la cultura tributaria, el mejoramiento de la información, la profesionalización de la planta, la certificación de sus procesos, la creación de regímenes especiales y los centros especializados de servicios a los contribuyentes que han permitido una descentralización en la atención. El norte que ha guiado el proceso de modernización está claro: promover la visión del contribuyente como cliente de la Administración dándole un trato respetuoso, brindándole la información suficiente, integrándolo como veedor de la tributación, premiando su comportamiento fiel y responsable con la ciudad y garantizándole una rendición de cuentas transparentes.

Así el gran desafío para los próximos años es aumentar o mantener el cumplimiento oportuno y crear los mecanismos de control efectivos para reducir la evasión y la morosidad. Esto se traduce en el fortalecimiento de los dos pilares que forman la base de un sistema tributario moderno y eficiente: brindar la atención al contribuyente con información, servicios y educación fiscal y de otra parte tener la capacidad de detectar y responder ante aquellos que no cumplen con sus cargas, permitiendo el debido registro, verificando las declaraciones y los pagos, teniendo una alta capacidad de fiscalización, realizando el cobro de manera eficiente y aplicando un sistema equilibrado de incentivos y sanciones.

Parte de lo que podemos denominar Agenda para la equidad tributaria comenzó a finales del 2008 con la aprobación del Acuerdo 352 por el cual se adoptaron medidas para la optimización tributaria y siguió en el año 2009 con los Acuerdos 399 donde se adoptaron medidas para la simplificación tributaria y el 426 con importantes medidas en el impuesto predial unificado. Pero no sólo es en el campo de lo local donde se han encontrado distorsiones que vulneran la equidad y que no permiten una modernización plena. Los ajustes a la estructura impositiva territorial hoy siguen siendo necesarios para afrontar un proceso de profundización de la descentralización municipal, para corregir las cargas de sectores que han quedado rezagados en su tributación, ya sea por lo obsoleto de las leyes o por los importantes beneficios que se les ha otorgado y para que se promueva un código único a nivel nacional que responda a los derechos y deberes de los ciudadanos.

Por otra parte, es evidente que el desarrollo de la Administraciones Tributarias responde a diversos factores históricos, culturales y económicos específicos; que deben consultarse a la hora de introducir mecanismos de ajustes que permitan una mayor eficiencia, progresividad y equidad. Son mejores los cambios graduales que afiancen la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Por ejemplo, los diagnósticos de la desigualdad, de los factores que representan debilidades en un camino para hacer nuestra sociedad más justa, humana, sustentable y democrática, abundan. Uno de los más recientes es el de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL titulado Evasión y Equidad en América Latina en el cual se vuelve a indicar que en Latino América coexisten esos pequeños porcentajes de población que concentran la mayor parte de la riqueza con amplias mayorías que apenas subsisten.

El informe señala que si bien los países de América Latina no son los más pobres del mundo, si presentan la más alta desigualdad de ingresos. Por este motivo, pensar en el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la equidad social es un imperativo intelectual y moral, máxime cuando en la región la evasión puede situarse en un 40%. Así se expresa como mensaje central: La definición del papel del Estado y de la política fiscal constituye, desde esta perspectiva, una herramienta fundamental para la construcción de una mayor equidad. Para ello, las autoridades deben usar con eficiencia todas las herramientas de política fiscal disponibles y recurrir tanto al gasto público como a otros instrumentos económicos. Es bien sabido que el Estado puede promover la equidad a través de un gasto social más eficiente, para lo cual es indispensable contar con cierto nivel de carga tributaria. No obstante, para lograr que el gasto tenga los efectos distributivos deseados, es fundamental que la estructura de financiamiento no sea regresiva, es decir, que no recaiga en mayor medida sobre los estratos medios y bajos de la población. Es en este punto donde el diseño y la estructura de los sistemas tributarios merecen especial atención como elementos de resguardo de la equidad, lo que es factible mediante el fortalecimiento de tributos cuya carga sea afrontada por los que más tienen, como los impuestos a la renta personal y al patrimonio. CEPAL y podríamos agregar que para el caso local de los impuestos a la propiedad en donde la base es objetiva y no hay forma de ocultarla; agrega el estudio: sin embargo, para que ambos instrumentos sean más efectivos a la hora de mejorar la equidad distributiva, es necesario aumentar los niveles de cumplimiento en el pago de los impuestos, en particular de aquellos que gravan los ingresos de forma progresiva, de modo de poder contar con más recursos para financiar el gasto público social.

Y es en esa dirección que la presente propuesta se pone a consideración del Concejo de la Ciudad porque sin duda una tributación correcta, que permita que cada cual pague conforme con sus posibilidades y realidad económica no sólo cumple el principio de la universalidad sino que además permite la cohesión social entorno a la importancia del tributo como generador de beneficio colectivo y desarrollo para la capital.

El desafío que nos hemos planteado en torno a la equidad no sólo pasa por mejorar la estructura legal sino que exige importantes cambios institucionales y en específico en la forma como debe relacionarse la Administración con sus administrados.

La estrategia de mediano plazo también requiere necesariamente una reorganización administrativa y de los sistemas de información, toda vez que se debe buscar dar un tratamiento integral al contribuyente con procesos y servicios virtuales y no por impuesto y de manera personalizada como hoy sucede. La desarticulación y el trato por impuesto genera unos altos costos de transacción y de oportunidad a los bogotanos por eso la auto atención, el manejo de un portafolio integrado de fácil acceso y electrónico de servicios permitirá avanzar en la senda del cumplimiento oportuno de las obligaciones. Siendo ello así, es fundamental que a través de este proyecto de modernización se le otorguen amplias competencias a la Administración para que pueda realizar sus funciones adecuadamente.

Pero la equidad tributaria no sólo se logra con tener la mejor estructura impositiva con tasas progresivas si al mismo tiempo la Administración no es efectiva en controlar la evasión pues esta práctica es fuente de inequidades con aquellos que si son cumplidos. Para controlar la evasión la información se constituye en el corazón del sistema tributario. Mayor inteligencia fiscal, funcionarios de alta calificación y la creación de segmentos especiales de grandes, medianos y pequeños contribuyentes deben generar mayor riesgo subjetivo de incumplimiento.

Si bien el gobierno distrital ha dado pasos significativos durante los últimos años para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y hacer de Bogotá una ciudad más competitiva esta labor no se ha completado y se requiere un nivel considerable de inversiones adicionales. Por otro lado, las circunstancias económicas y financieras que están afectando a los países y a sus administraciones públicas, hacen necesario identificar e implantar medidas que atenúen los efectos de las crisis económicas con el fin de lograr un ajuste exitoso de las organizaciones que permitan superar los desafíos, así como mantener y aún incrementar la eficiencia y eficacia de su gestión (CIAT, 2009).

Así con la presente propuesta la Administración se propone establecer reglas tributarias claras y estables, avanzar en la simplificación de la estructura tributaria, promover el cumplimiento oportuno e incrementar esfuerzos en el control de la evasión y la elusión fiscal. La existencia de un sistema tributario justo, la eficiencia de la Administración Tributaria y la racionalidad y eficiencia del gasto público, son factores fundamentales en la formación de una conciencia fiscal de la ciudadanía, que la lleve a asumir la aplicación del sistema tributario y a cumplir oportunamente sus obligaciones fiscales (Presa Leal, 2009).

Estos ciudadanos comprometidos con la ciudad, conocedores de la importancia de los tributos, conscientes de sus responsabilidades como contribuyentes, propician una relación de mutuo beneficio para todos, en tanto se disminuyen los costos de operación para la Administración, se disminuyen los costos de transacción y las sanciones para los administrados y se generan los flujos de caja permanente que permiten la inversión y el crecimiento de la ciudad.

Dentro del contexto anterior, la Dirección Distrital de Impuestos en el año 2010 estructuró un nuevo modelo de gestión tributaria para Bogotá, simple, equitativo y progresivo, el cual busca reafirmar las conductas positivas o de cumplimiento de los contribuyentes, facilitándoles y ofreciéndoles el mejor servicio a quienes mantienen estas conductas. Este modelo orienta la gestión de la Administración Tributaria hacia estos contribuyentes que pagan oportunamente sus impuestos, a partir de la conjunción de los siguientes elementos: i) servicio y educación fiscal, ii) inteligencia tributaria, iii) control fiscal, y iv) seguridad jurídica.

El servicio y la educación fiscal precisan una oferta de servicios que se ajusta a la diversidad de ciudadanos y contribuyentes, así como el reconocimiento al desempeño correcto de los contribuyentes a través de la excelencia en el servicio y la disposición de facilidades para cumplir sencilla y rápidamente con el pago de sus obligaciones.

La inteligencia tributaria se entiende como la consolidación del conocimiento de la ciudad y sus ciudadanos, con el fin de anticiparse a sus necesidades, al comportamiento de los contribuyentes y a sus decisiones de pago, a través de instrumentos como son la calificación de riesgos y el desarrollo de lógicas de control fiscal.

Por su parte, el control fiscal evidencia la fortaleza del Estado para que la sociedad reconozca la inflexibilidad frente al incumplimiento. La actuación oportuna, ejemplar y secuencial, legitima la institucionalidad tributaria, crea riesgo subjetivo y envía señales efectivas tanto a quienes deciden tener conductas de incumplimiento tributario como a quienes cumpliendo están dispuestos a no pagar o pagar menos.

"...".

El cuarto elemento, la seguridad jurídica, afirma la estabilidad del modelo ofreciendo a administrados y administradores reglas claras de manejo, marcos jurídicos sencillos, eficientes, estables en el tiempo y permitiendo la legítima defensa de los ciudadanos.

Los cuatro elementos anteriores, marcan el horizonte del desarrollo organizacional que modula el progreso y fortalecimiento de la Administración, el marco gerencial y estratégico, la transparencia y la rendición de cuentas, la eficiencia en el uso de los recursos, la adopción permanente de las mejores prácticas, la interrelación con el contexto que vitaliza permanentemente el actuar y que asegura la consolidación de una entidad sólida, legítima y respetuosa de sus administrados.

Las administraciones tributarias son consientes de que la eficacia de sus actuaciones reside en soportar su gestión en sistemas de información flexibles, integrados, completos y orientados al ciudadano. En este punto, cobra importancia el desarrollo de un sistema de información con la capacidad de fortalecer la gestión de los recursos de la ciudad, que ofrezca a sus contribuyentes un volumen de opciones para tributar de forma fácil y accesible. En este sentido, la Administración está trabajando en una reingeniería de sus sistemas en lo que se ha denominado Portafolio Integral Tributario PIT, que permitirá el desarrollo de procesos integrales de inteligencia tributaria, control y seguimiento de contribuyentes y gestión de la organización así como de información de sus aliados estratégicos.

En conclusión, el ciudadano es el centro del modelo de gestión tributaria; es para él que la ciudad está organizando una Administración de Impuestos eficiente y moderna y, para el logro de este objetivo, presenta al Concejo de la ciudad esta propuesta de Modernización del Estatuto Tributario con la cual se espera contar con los mecanismos necesarios para materializar su modelo de gestión.

Otra parte de la modernización debe atender a la competitividad. Bogotá ha ganado importancia como centro para realizar negocios. Entre las conclusiones más importantes de la Cámara de Comercio de Bogotá está la necesidad de dar continuidad a estos esfuerzos para mejorar el posicionamiento de la ciudad. En la competencia mundial muchas ciudades están buscando estrategias para darse a conocer como la mejor opción para hacer negocios y Bogotá debe estar a la cabeza de estos esfuerzos. Respecto a este punto, Javier Gamboa Benavides, vicepresidente ejecutivo del Consejo Privado de Competitividad, en el foro auspiciado por la Cámara de Comercio de Bogotá: Avances y Retos de Bogotá como ciudad para hacer negocios en América Latina, muestra las principales barreras para hacer negocios en la ciudad, entre ellas se encuentra la compleja regulación tributaria, en donde las tasas de los impuestos no son el problema, sino la estructura que es muy engorrosa.

Específicamente para el caso colombiano, los estudios recomiendan conseguir un cumplimiento más sencillo a través de reformas a mayor escala; es decir, una simplificación de la legislatura permitiendo un mayor entendimiento por parte de los contribuyentes obligados al pago de tributos en las ciudades, enfocado a disminuir las conductas orientadas a la evasión fiscal. Así mismo, se hace necesario estudiar el cumplimiento de los objetivos de las exenciones de los tributos, para tener impuestos más equitativos para los contribuyentes. (BM&CFI B. M., 2010)

Con relación a la medición internacional, existen varios organismos que han desarrollado metodologías encaminadas a categorizar el comportamiento de los países con relación a varios componentes que pretenden medir la competitividad de las regiones; entre los que se encuentran la categorización del World Economic Forum, del International Institute for Management Development y del Banco Mundial y la corporación Financiera Internacional. Este último llamado Informe Doing Business es el que contempla el pago de impuestos como variable esencial en su medición.

Así, este informe tiene como objetivo principal medir, cómo la reglamentación en cada país afecta el ciclo de vida empresarial; la medición abarca a 183 economías, y se construye con base en el análisis de 10 indicadores como son: apertura de un negocio, manejo de permisos de construcción, contrato de trabajadores, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversores, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y cierre de una empresa.

Entre los resultados de los estudios anuales Colombia ha mejorado su posición como lugar para hacer negocios, pasando del puesto 49 (ranking 2009) al puesto 37 (ranking 2010) la tercera economía con facilidad para hacer negocios de América Latina, por detrás de Puerto Rico y Santa Lucia. Pero analizando el indicador de nuestro interés, en pago de impuestos no es tan benevolente con el caso Colombiano, en el presente informe, ocupamos el puesto 115 de 183 países estudiados; Colombia registra uno de los mayores números de pagos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en efecto, registra 20 pagos en el año para cuyo cumplimiento se requiere de 208 horas, lo que significa que todavía hay mucho por hacer.

En un informe de las mismas características a nivel subnacional que se realizó en el año 2009 para Colombia se encontró que, Bogotá ocupó el puesto 19 entre las 21 ciudades estudiadas en materia tributaria; la facilidad para pagar impuestos según este estudio está medida por un promedio simple de la clasificación de cada ciudad en el número de pagos, el tiempo y la tasa de impuesto total. En Bogotá se deben presentar 20 pagos al año apenas por debajo del promedio del país (20.3) y por debajo del encontrado en los países de América Latina de 33 pagos, que toman un tiempo de 208 horas, con una tasa total de impuestos de 78.7% de las ganancias brutas, muy por encima de la nacional que es 71.2%. (BM&CFI B. M., 2009).

En respuesta a este reto el Gobierno Nacional, a través del CONPES 3527 sentó las bases para desarrollar los lineamientos de la Política Nacional de Competitividad (PNC) aprobados por la Comisión Nacional de Competitividad (CNC) el 13 de julio de 2007; estableciendo los siguientes cinco pilares:

· Desarrollo de sectores o clúster de clase mundial

· Salto en la productividad y el empleo

· Formalización empresarial y laboral

· Fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación, y

· Estrategias transversales de promoción de la competencia y la inversión.

Dentro de los planes de acción desarrollados en este documento se encuentra, para el nivel nacional, la simplificación tributaria y determina líneas de trabajo entre las que se encuentran:

Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Aduanera con la adopción total de las reformas legales, de procedimiento y la implementación de los servicios electrónicos previstos en el Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado (MUISCA) de la DIAN.

Simplificación del sistema tributario colombiano a través de:

· Sostenibilidad, que supone asegurar al menos el recaudo actual.

· Equidad horizontal y vertical.

· Simplificación de bases gravables generales sin tratamientos preferenciales, transparente para el contribuyente y de bajo costo.

· Formalización para vincular a todos los agentes económicos al cumplimiento de niveles de tributación y requisitos formales

El presente proyecto de Acuerdo de modernización será el vehículo efectivo para fortalecer las bases de la Administración Tributaria. Como se mencionó anteriormente, el contribuyente es el centro del modelo tributario y para prestarle un servicio más oportuno, ágil y sencillo, que le facilite el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, es necesario adecuar las normas y los procedimientos que harán posible un sistema más equitativo, progresivo y simple.

En el primer capítulo se exponen las iniciativas dirigidas a la redistribución de las cargas tributarias en la ciudad en el impuesto predial unificado, para esto se propone un nuevo sistema tarifario basado no en los estratos socioeconómicos sino en el valor del avalúo catastral del predio y su valor por metro cuadrado integral. Como lo han mostrado varios estudios como el de Uribe y Mallarino (2008) la estratificación ha incidido en la segregación geográfica en la ciudad, en el valor de la vivienda y de los impuestos de propiedad, lo cual provoca en sus residentes la renuencia a aspirar a ascender de estrato, atrapamiento en los estratos que reciben subsidio y largos tiempos de movilidad de la zona de residencia a los lugares de trabajo (Uribe y Pardo, 2006 y Uribe et al, 2006).

Esto es muy importante porque el atrapamiento en estratos oculta la verdadera capacidad contributiva de los contribuyentes y permite reducir la tributación local. En efecto, se encontró que dentro de los seis estratos existe una proporción de predios superiores a los $200.000.000, que dada la estructura tarifa actual basada en los estratos socieconómicos pagan de manera diferencial lo cual rompe el principio de la equidad horizontal.

Teniendo en cuenta que la propuesta de ajuste del impuesto predial para el caso de los predios residenciales, consiste en establecer una estructura tarifaria dependiente del avalúo y de valor del metro cuadrado integrado de los predios, se hace necesario contar con avalúos catastrales que reflejen el verdadero valor comercial de las viviendas. La actualización permanente permitirá mejorar y aumentar la claridad de la información con la que cuenta la UAECD, además de incentivar el uso transparente de la información del mercado por parte del ciudadano. Más importante aún la actualización permanente permitirá no solo reducir costos para la administración y mejorar la precisión de los avalúos sino también contar con la base gravable del impuesto predial y una estructura tarifaria para el mismo coherente con las dinámicas del mercado inmobiliario.

La progresividad en el impuesto predial permitirá que en los estratos 1 a 3 se presente un alivio considerable en el monto global del recaudo. En particular, en el estrato 1, al 50% de los predios disminuiría el impuesto con la modificación propuesta, en el estrato 2 habría una disminución al 20% de los predios, y en el estrato 3 al 70% de los predios. Por su parte, los predios a los que se les vería incrementado el impuesto coinciden con los estratos más altos.

Adicionalmente la propuesta de ajuste del Sistema Simplificado de Pago SSP, que atiende a las facultades dadas por la Ley 1111 de 2006 en cuanto al sistema de facturación para la determinación del impuesto predial, preservando el derecho de defensa del contribuyente. Son varios los motivos que animan la propuesta de ajustes al SSP. En primer lugar se busca consolidar un mejor servicio para los contribuyentes de los estratos 1, 2 y 3 vinculando soluciones de pago no bancarizados, como pueden ser las cajas en supermercados y otros puntos de fácil acceso en diversos puntos de la ciudad para estos contribuyentes, en un esquema claro de desconcentración del recaudo pues se pasa de un sistema de liquidación privada a facturación.

Por otro lado, la ampliación de los beneficios al estrato 3 de facturación del impuesto permite reducir costos de transacción implícitos en formularios, desplazamientos y asesoría tributaria al momento de realizar la liquidación privada bajo el esquema actual. Reducción de los costos de administración y control del tributo haciendo más eficiente la recaudación y el cobro de las obligaciones, eliminándose el proceso intermedio de fiscalización.

El capítulo dos se expone las ventajas de simplificar la declaración y pago para los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y una mayor capacidad administrativa en su recaudo y control. Conforme a lo que dispone el Decreto Ley 1421 el Concejo puede modificar el periodo de declaración y pago, así como establecer sistemas de presunciones basados en parámetros. Con estas iniciativas es clara la reducción de los costos para los empresarios y una mayor eficiencia en el control tributario al concentrarse en los medianos y grandes contribuyentes.

En el tercer capítulo se encuentran las propuestas para la modernización del sistema tributario hacia un servicio más simple y confiable y unos sistemas de control más eficientes y robustos basados en la información. Para garantizarle una mejor atención al ciudadano - cliente, la Administración dispondrá de un portal web a través del cual los contribuyentes contarán con una cuenta virtual donde podrán consultar sus obligaciones tributarias consolidadas. Adicionalmente la Administración ofrecerá al ciudadano soporte tecnológico especializado en tiempo real, como los liquidadores y el acompañamiento virtual para realizar sus pagos; herramientas electrónicas para que el contribuyente realice el proceso de auto atención y la recaudación en línea, entre otros.

La información deficiente impide una cobertura total de las emisiones, o procesos más efectivos de notificación y comunicación con los contribuyentes. Para poder acceder a los servicios en línea, es necesario que el contribuyente realice su Registro Tributario llamado RIT de Oro, el cual permitirá conocer mejor a los contribuyentes y facilitará una comunicación más efectiva.

Esta modernización de los servicios tributarios hace necesario la actualización de los procedimientos tributarios a través de la notificación electrónica y la validez de una dirección única para todos los trámites. Optimizar el procedimiento para la notificación de actos oficiales reduce costos administrativos, satisface los principios de eficacia y eficiencia y mejora la gestión de la administración y la comunicación con el contribuyente.

Por otro lado, una mayor capacidad de fiscalización contribuiría de manera decisiva a una relación más equilibrada entre el contribuyente y el Estado, potenciando el uso de la información para aumentar el control masivo, oportuno y efectivo en las Administraciones Tributarias, situación que a su vez podría viabilizar la concertación de acuerdos fiscales duraderos en el futuro (CEPAL, 2006). Encaminados a este propósito, el capítulo también incluye la propuesta de un mecanismo de control llamado la Nota Fiscal Electrónica, el cual incorpora al ciudadano como veedor tributario, permitirá reducir los niveles de evasión en el impuesto de industria y comercio y establece un sistema de incentivos. Parte de la equidad está en que los incumplidos sean invitados a contribuir con sus cargas ya sea de manera persuasiva o a través de acciones ejemplarizantes.

En el capitulo cuatro se introducen dos estímulos tributarios para aumentar la competitividad la innovación, la investigación y el desarrollo. Adicionalmente visto que Bogotá tiene ventajas intrínsecas en materia de innovación, investigación y desarrollo, que son fundamentales en la era del conocimiento y que la ciudad concentra buena parte de las universidades y centros de investigación del país es necesario estimular, a través de descuentos tributarios, estas labores para hacer más efectiva la relación entre sociedad, conocimiento y empresa.

El Distrito ha avanzado en la formulación de la política distrital de ciencia y tecnología, focalizar la inversión en materia de CTI e identificar en el marco de la actual administración y en relación con los proyectos de largo plazo las principales prioridades y necesidades de inversión en esta materia.

La experiencia de los países desarrollados ha demostrado que las sociedades actuales deben construir sus políticas de transformación productiva basadas en la economía del conocimiento. La ciencia y la tecnología son el eje inductor del desarrollo de los países y las regiones, tal como lo propone el Programa del Milenio^{^[1]}^[1]: es un factor que se puede y debe promover sistemáticamente en toda la economía.

La innovación ya no puede considerarse exclusivamente como un hecho meramente transversal, es el instrumento de mayor presencia en la política pública activa, como respuesta en potenciar las ventajas competitivas de los países, regiones y sectores. Hoy se considera que las capacidades tecnológicas a nivel regional propician la innovación y desarrollo tecnológico en la estructura productiva local.

El diagnóstico sobre la oferta de ciencia y tecnología en

Bogotá y la región^{^[2]}^[2], muestran que la ciudad concentra la mayor parte de capacidades y resultados en ciencia,

tecnología e innovación, en Centros de Desarrollo Tecnológico, Universidades, proyectos conjuntos con grupos de investigación y empresas, publicaciones científicas, número de doctorados, entre otras.

Bogotá tiene ventajas en materia de capacidades científicas y tecnológicas, no obstante, el desempeño de los actores que hacen parte del Sistema Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación es frágil y altamente atomizado y no ha generado una orientación con visión estratégica para lograr que la Ciudad se inserte al mundo globalizado de manera exitosa por esto se proponen una serie de estímulos tributarios para su desarrollo y consolidación.En el capítulo cinco se exponen las ventajas de contar con una Administración que pueda desarrollar sus funciones en forma independiente y profesional, que cuente con un presupuesto estable y un uso más oportuno y flexible de los recursos; se requiere de una entidad estructurada y pensada para administrar el proceso tributario de la ciudad, máxime cuando el Distrito Capital cuenta con una población superior a un país centroamericano y aporta a la economía nacional un valor importante del PIB nacional, situaciones estas que permiten entender que la función administrativa tributaria debe tener especialidad técnica, autonomía administrativa y presupuestal, blindando el proceso tributario de los avatares políticos y movimientos administrativos que afecten el debido flujo de ingresos que permitan redistribuir la riqueza mediante el gasto público como postulado principal del Estado Social de Derecho.

El capitulo seis establece un beneficio limitado en el tiempo para los contribuyentes victimas de hurto, desaparición o destrucción parcial. Por su parte el capítulo siete aborda la seguridad jurídica que requiere el impuesto de teléfonos en Bogotá, estableciéndose cada uno de los elementos sustantivos del tributo y en el ocho se presentan instrumentos para el desarrollo urbano. Por último el capitulo nueve examina las disposiciones procedimentales y otras medidas que contribuyen al proceso de modernización de la Administración Tributaria de la ciudad.

Así honorables concejales el presente Proyecto de Acuerdo no se centra en la generación de un incremento en el recaudo; tiene como fin último la necesidad de impulsar herramientas que junto a la implementación y apropiación de un nuevo modelo de gestión le permitan a nuestra ciudad un aumento en su competitividad y en la oferta de más y mejores servicios para todos los ciudadanos.

Las medidas propuestas son el resultado de un juicioso recorrido realizado por las diferentes etapas del ciclo tributario, evaluando sus niveles de complejidad para los contribuyentes, de certeza para la administración, de equidad y de sintonía con las actuales condiciones de la economía y de la tecnología. Así las cosas los principales hallazgos hallan respuesta en modificaciones puntuales que redundarán en beneficios para los contribuyentes y fortalecerán la gestión de la Administración tributaria.

En este recorrido se hallaron inequidades que deben ser urgentemente solucionadas; como en el caso del impuesto predial unificado Así mismo, en el impuesto de industria y comercio se detectaron códigos y tarifas diferentes para actividades muy similares que generan confusión y ambigüedad a la hora de realizar la declaración por parte de los contribuyentes y de ejercer control por parte de la Administración.

De igual manera a lo largo de los últimos años y producto de los avances de las tecnologías de información y comunicación, la información base para todas las actuaciones tributarias se ha ido desactualizado impidiendo una eficiente gestión. Una información oportuna y confiable permitirá procesos más efectivos de notificación y comunicación con los contribuyentes.

Nota: Si desea conocer el texto completo de la exposición de motivos escribanos a: notatributaria@gmail.com

[1][1] Millennium Project, Innovation: applying knowledge in development, January 2005.

[2][2] Agenda Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para Bogotá y Cundinamarca. Fondo de Publicaciones Universidad Francisco José de Caldas. Bogotá D.C. 2006.

Proyecto de Ley de Formalización y del Primer Empleo.

Fri, 03 Sep 2010 20:40:21 -0400

NOTICIA DEL GOBIERNO NACIONAL

Nota: Consulte el texto completo en http://www.notatributaria.com/tesauro.php?idcat1=1&idcat2=12&idcat3=24

Bogotá, agosto 19 de 2010.- Ante la Cámara de Representantes se radicó el proyecto de ley relacionado con la Formalización y el Primer Empleo.

¿Qué?
Uno de los compromisos más importantes del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos es la creación de 2 millones 500 mil empleos y la formalización de 500 mil adicionales. Una meta ambiciosa, de largo plazo pero que marca un camino sólido hacia la Prosperidad Democrática. El Gobierno Nacional ha logrado la concertación y el compromiso de otros sectores para presentar hoy un Proyecto de Ley para la Formalización y el Primer Empleo.

¿Por qué?
* Uno de los principales retos que enfrenta Colombia es la generación de empleo formal. En el 2009, alrededor del 61% de la población ocupada no cotizó a Seguridad Social, según la PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) y el RUA (Registro Único de Aportantes, Ministerio de Hacienda y Crédito Público).

* Uno de los nichos más complicados en el mercado laboral es el de los jóvenes menores de 25 años. La tasa de desempleo de este grupo se ubica en 22,2% en el trimestre abril-junio de 2010. Esta cifra es casi el doble de la cifra nacional de desempleo. Uno de los objetivos de este proyecto de ley es incentivar el empleo para jóvenes menores de 25 años.

* El proyecto de ley que aquí se presenta busca romper el cuello de botella de la informalidad empresarial y laboral en Colombia así como facilitar la vinculación laboral de los jóvenes. En efecto, la informalidad tanto empresarial como laboral, es una de las problemáticas que más afectan la productividad, el desarrollo del sector privado, y la disminución de la pobreza en Colombia, y por consiguiente, uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico del país

¿Cómo?
Después de lograr un apoyo decidido de las Cajas de Compensación, las Cámaras de Comercio, los gremios, el sector privado y los partidos de la U, Conservador, Liberal y Cambio Radical, tras alcanzar un verdadero acuerdo de unidad para el beneficio de los trabajadores de Colombia, aquí están algunas de las más destacadas herramientas para lograr los objetivos:

1. Estímulos para la formalización de pequeñas empresas (con menos de 50 empleados) o creación de nuevas empresas. El objetivo es disminuir las cargas económicas de las pequeñas empresas recién creadas, o aquellas que decidan formalizarse. Habrá un sistema progresivo para los pagos de los aportes parafiscales u otros cargos tributarios. Así:

En los primeros dos años, estas empresas no pagarán ni aportes parafiscales, ni de renta ni registro mercantil.
En el tercer año, la Empresa asumirá el 50% de estos cargos de ley.
En el cuarto año, la Empresa ya asumirá el costo pleno de este tipo de pagos tributarios.
En cuanto al registro mercantil, las empresas no pagarán el valor del registro al inscribirse, la primera renovación pagará la mitad de la tarifa; la segunda renovación el 75% y de la tercera en adelante el ciento por ciento.

Adicionalmente, habrá coordinación de todos los programas de Desarrollo Empresarial con Cajas de Compensación y Cámaras de Comercio en hacer paquetes de beneficios tangibles. Entre otros, que estas empresas tengan asesorías y acompañamiento de entidades como Sena, Ministerio de Comercio, Colciencias, Ministerio de Agricultura, Bancoldex, para hacerse más productivos y crecer.

2. El proyecto contempla otro tipo de medidas, como eliminar la exención de impuestos sobre Activos Fijos y facilitar la ampliación de contratos de aprendices.

3. Estímulos para la creación del Primer Empleo: Para todas aquellas pequeñas empresas que empleen a jóvenes menores de 25 años, los parafiscales serán descontables del Impuesto. Estos beneficios serán exclusivos para las empresas que aumenten el número de empleos y que incrementen el valor de la nómina. Sólo aquellas que cumplan con estas dos condiciones, podrán descontar los aportes parafiscales de los jóvenes empleados del impuesto de renta.

4. Simplificación de trámites para facilitar la formalización en lo tributario, comercio y laboral. Eliminar la tramitología para que las empresas pequeñas puedan formalizarse. La iniciativa contempla que se eliminen ciertas declaraciones tributarias, facilitar el pago de impuestos y simplificar algunos de los trámites para las empresas formales.

Bogotá, agosto 20 de 2010.- El Ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría Salamanca, radicó esta tarde, en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley de Formalización y Primer Empleo que busca crear alrededor de 3 millones de empleos para los colombianos.

Según el Ministro el principal objetivo de la Ley es formalizar más de 500 mil empleos y crear 2.5 millones nuevos

La iniciativa contempla que las micro y pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal, a partir de la promulgación de la Ley cumplan sus obligaciones tributarias y pagos parafiscales de la siguiente forma:

1. Cero por ciento (0%) de la tarifa de renta en el primer año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

2. Cero por ciento (0%) de la tarifa de renta en el segundo año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

3. Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa de renta en el tercer año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal.

4. Cien por ciento (100%) de la tarifa de renta del cuarto año gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal.

Santamaría Salamanca, dijo que se le dará un descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales a los empleadores que vinculen laboralmente a trabajadores que al momento del inicio del contrato de trabajo sean menores de 25 años.

Los empleadores podrán tomar los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del FOSYGA y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima correspondientes a los nuevos empleos, como descuento tributario para efectos de la determinación del Impuesto sobre la renta y complementarios agregó el jefe de la cartera de la Protección Social.

La ley también contempla la ampliación de los contratos de aprendizaje, la simplificación de trámites de formalización, tributarios, laborales, comerciales, entre otros.

Estímulos para la formalización de pequeñas empresas (con menos de 50 empleados) o creación de nuevas empresas. El objetivo es disminuir las cargas económicas de las pequeñas empresas recién creadas, o aquellas que decidan formalizarse. Habrá un sistema progresivo para los pagos de los aportes parafiscales u otros cargos tributarios. Así: En los primeros dos años, estas empresas no pagarán ni aportes parafiscales, ni de renta ni registro mercantil. En el tercer año, la Empresa asumirá el 50% de estos cargos de ley. En el cuarto año, la Empresa ya asumirá el costo pleno de este tipo de pagos tributarios. En cuanto al registro mercantil, las empresas no pagarán el valor del registro al inscribirse, la primera renovación pagará la mitad de la tarifa; la segunda renovación el 75% y de la tercera en adelante el ciento por ciento.